El 8 de mayo nunca ha sido una fecha menor para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No se trata únicamente de recordar el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla; se trata de volver la mirada al origen moral de la Casa de Hidalgo, a la raíz nicolaita que hizo de la educación una forma de libertad, de la palabra una herramienta de conciencia y del conocimiento una responsabilidad pública. Hidalgo no es un adorno en el nombre de la Universidad: es su mandato histórico. Por eso duele más que, precisamente en esta fecha, la Universidad llegue envuelta en una huelga que ya cumple prácticamente tres semanas y que ha impedido realizar el acto más simbólico para la comunidad nicolaita. La huelga del SUEUM estalló el 21 de abril de 2026, en un contexto de exigencias salariales y de respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.
La tristeza de este 8 de mayo no proviene sólo de la ausencia de una ceremonia. Proviene de algo más profundo: de la sensación de que la autoridad universitaria ha perdido sensibilidad frente a los símbolos que sostienen la identidad nicolaita. Cuando una administración reduce la historia a protocolo, cuando sustituye el diálogo por el cálculo jurídico y cuando mira a los trabajadores como un obstáculo y no como parte viva de la Universidad, entonces el problema deja de ser administrativo y se vuelve moral. La Universidad no puede ser defendida contra sus trabajadores, contra sus estudiantes o contra su propia memoria.
La Rectoría encabezada por la Dra. Yarabí Ávila González tenía ante sí la oportunidad de privilegiar el diálogo social y la negociación colectiva. Los emplazamientos derivados de la revisión salarial, contractual y de presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo exigían atención política, sensibilidad institucional y capacidad de acuerdo. Sin embargo, en lugar de construir una salida de fondo, la ruta adoptada pareció inclinarse hacia la judicialización del conflicto. El Poder Judicial de Michoacán informó que existían dos procedimientos de huelga tramitados por el SUEUM, lo que confirma que no se trataba de un asunto menor ni repentino.
El resultado está a la vista: una Universidad paralizada en sus espacios físicos, una comunidad lastimada y una fecha histórica desdibujada. Lo más grave es que no parece tratarse de un episodio aislado. Desde 2025 se advirtió una preocupante disminución del peso simbólico del 8 de mayo, al sustituirse el tradicional acto nicolaita por una guardia de menor alcance, mientras se redimensionaba el 15 de octubre, fecha vinculada al decreto de creación de la Universidad Autónoma de Michoacán, emitido por el gobernador Pascual Ortiz Rubio. Nadie niega la importancia jurídica de esa fecha; lo cuestionable es desplazar el corazón nicolaita de la institución, como si la historia pudiera reorganizarse al gusto del poder en turno.
Porque la Universidad Michoacana no nació para rendir culto a una administración. La Universidad Michoacana no cabe en la frase tácita de “la Universidad soy yo”. Su grandeza está precisamente en lo contrario: en que ninguna Rectoría, ningún grupo político, ningún interés coyuntural puede apropiarse de su memoria. La Casa de Hidalgo es más antigua, más profunda y más digna que cualquier administración pasajera. Quien gobierna la Universidad debe servir a sus símbolos, no sustituirlos; debe honrar su historia, no administrarla como propaganda.
Por eso resulta inevitable contrastar la austeridad simbólica del 8 de mayo con la espectacularidad de otros actos. Mientras se minimizan ceremonias esenciales para el nicolaisismo, se han impulsado eventos de alto costo político y económico, como aquel baile organizado en torno al aniversario institucional, respecto del cual persiste una exigencia legítima de transparencia sobre ingresos, gastos y destino de los recursos. Si, además, personal fue presionado para adquirir boletos costosos, la pregunta pública no puede ser evadida: ¿la Universidad está al servicio de su comunidad o de la imagen de quien la encabeza?
La política del miedo nunca ha sido compatible con el espíritu nicolaita. Una Universidad que nació de la razón crítica no puede gobernarse desde el silencio impuesto, la obediencia simulada o la amenaza administrativa. Tampoco puede llamarse humanista una gestión que desconoce derechos laborales, que agravia a viudas, viudos y trabajadores, o que parece más preocupada por cuidar una narrativa pública que por resolver los problemas reales de quienes sostienen cotidianamente la institución. La Universidad se defiende con justicia, no con discursos; con acuerdos, no con imposiciones; con respeto, no con propaganda.
La contradicción alcanzó un punto particularmente simbólico el 9 de mayo, cuando desde las redes oficiales de Rectoría se difundió un mensaje alusivo al 8 de mayo que, más que rendir homenaje a la tradición nicolaita, pareció convertirse en un ejercicio de autojustificación política. Resulta significativo que el mensaje no se emitiera el propio 8 de mayo —fecha central para la identidad histórica de la Casa de Hidalgo— sino hasta el día siguiente, como si la conmemoración pudiera administrarse conforme a la lógica mediática del rectorado y no conforme a la memoria viva de la comunidad universitaria. Más preocupante aún fue el tono del discurso: una narrativa en la que la Rectora se coloca implícitamente en la línea histórica de Hidalgo, Morelos y Ocampo, presentándose como una figura que combate opresores y encarna una supuesta defensa heroica de la autonomía y la democracia universitaria, mientras la Universidad atraviesa una huelga prolongada, crece el descontento interno y persisten reclamos legítimos de trabajadores, jubilados, viudas y viudos que no han encontrado sensibilidad ni solución institucional. A ello se suma un ambiente cada vez más perceptible de desaprobación y desencanto en pasillos, aulas y espacios universitarios, donde docentes, empleados y estudiantes comienzan a expresar con mayor frecuencia su inconformidad frente a una administración que, lejos de reconciliar a la comunidad, parece profundizar sus fracturas.
La paradoja resulta inevitable. El discurso reivindica a Hidalgo como quien rompió “la pedagogía del miedo” y convirtió la educación en un espacio de debate y liberación; sin embargo, amplios sectores de la comunidad perciben exactamente lo contrario en la realidad universitaria contemporánea: un ambiente de presión política, sometimiento institucional y descalificación hacia quienes disienten. Se habla de autonomía mientras el Consejo Universitario parece reducido a una instancia de validación; se invoca democracia mientras se margina el diálogo auténtico con los sindicatos; se habla de una Universidad “con las manos limpias” mientras continúan las exigencias de transparencia y justicia social dentro de la propia institución. Hidalgo y Morelos no representan el culto a la personalidad ni la apropiación política de la historia: representan la conciencia crítica frente al poder. Y quizá la mayor tristeza de este momento universitario sea precisamente esa: que el lenguaje de la libertad haya comenzado a utilizarse para justificar prácticas que cada vez se perciben más alejadas del verdadero espíritu nicolaita.
Gobernar una Universidad exige algo más que administrar oficinas y emitir discursos: exige altura intelectual y templanza política. La autoridad universitaria se legitima cuando es capaz de anteponer la razón a la pasión, el diálogo al orgullo y la pluralidad al pensamiento único. Quien encabeza la máxima Casa de Estudios debe comprender que la diversidad de ideas no debilita a la Universidad; por el contrario, constituye su esencia más profunda y la condición indispensable de su grandeza histórica.
Este triste 8 de mayo debería servir como advertencia. La Universidad Michoacana ya no se encuentra únicamente frente a un conflicto laboral: se aproxima peligrosamente a una crisis política y social de grandes dimensiones, cuyos daños podrían requerir años para restaurar el prestigio y la autoridad moral que la Casa de Hidalgo ha construido a través de generaciones. No basta con mantener clases virtuales, emitir comunicados o administrar la crisis. La Universidad necesita diálogo verdadero, negociación colectiva, transparencia, respeto a los derechos laborales y reconciliación con su propia comunidad. Por ello, el actual Rectorado debe rectificar antes de que el deterioro sea irreversible y comprender que, cuando una administración deja de unir a su comunidad y comienza a fracturarla, retirarse también puede convertirse en el último servicio posible a la Universidad. La Casa de Hidalgo necesita recordar que Miguel Hidalgo no fue símbolo de obediencia ciega, sino de conciencia crítica y de ruptura frente a la injusticia.
Nada hay que celebrar cuando la tradición nicolaita no puede rendir un homenaje digno a quien le dio identidad histórica. Nada hay que celebrar cuando la comunidad universitaria vive entre la incertidumbre, el agravio y la ausencia de diálogo. Nada hay que celebrar cuando la historia se invoca de manera selectiva y los símbolos universitarios se subordinan al interés político de una administración.
Este 8 de mayo no debe pasar como una fecha más. Debe quedar como testimonio de lo que ocurre cuando una Universidad olvida que su autoridad no nace del cargo, sino de la legitimidad moral con que se ejerce. Y hoy, tristemente, esa legitimidad está herida.
